En México y en Baja California la percepción común es que la actividad criminal ha incrementado en la última década y que las fuerzas de seguridad
pública no son inmunes de responsabilidad. La espiral “nos indica que entró ya irremisiblemente a un estado de guerra intestino que no hará sufrir
infinitamente como sociedad”. Las autoridades son consideradas responsables: “… precipitación desesperada de las fuerzas de seguridad pública que en
vez de proteger a la sociedad la están convirtiendo en la victima del miedo… Esta situación se está saliendo de control y rebasando todos los limites.
Las corporaciones armadas actúan sin ninguna prudencia, sensibilidad o sentido de la oportunidad... La incuria, la corrupción y la irresponsabilidad
de las autoridades que primero dejaron crecer esta monstruosidad y ahora no saben como combatirla”.137
En particular, en Los Cabos, el área turística al sur de La Paz, después de años de crecimiento urbano descontrolado sin excesivas repercusiones sobre
la seguridad pública, en los últimos meses del 2007 se han puesto a la atención pública algunas señales de alarme. En particular, la revista Gringo
Gazette, ha denunciado situaciones que podrían afectar no solo el mercado de bienes raíces sino la calidad de vida de toda la ciudad. En la revista se
denunció, por ejemplo, la difusión en proporciones epidémicas de robos en domicilios, secuestros de persona y la colusión de la policía en forma
similar de cómo ocurrió en Tijuana y Rosarito hace 4 años. En particular se reportó un caso donde los propietarios de una casa agarraron los ladrones
y la policía
rechazó de intervenir. |